Un capítulo de la conflictividad enfrenta a los sindicatos y a los Kirchner ya sea modifiquen ellos el 'modelo' hacia la ortodoxia o bien le apliquen más heterodoxia con un congelamiento de precios y salarios.

Las versiones indican que mientras se comprime el gasto público reprogramando pagos y transferencias (lo cual provocará conflictos y reclamos), podría ensayarse alguna variamente sobre precios y salarios.

El diario Ámbito Financiero desliza la posibilidad de prohibir las convenciones colectivas de trabajo hasta mediados de 2009.

Por supuesto que el Gobierno intentará desmentirlo en horas más, justo en un día cuando Hugo Moyano promete avanzar sobre el microcentro para protestar contra el grupo Bunge. Pero el matutino afirma que es un proyecto en estudio, aunque es bastante discutible su afirmación de que esa medida por sí misma desaceleraría la tasa de inflación. Además, que en el 2do. semestre de 2008 habría un intento de reabrir las paritarias en algunos sindicatos que cerraron sus acuerdos salariales anuales por debajo del 25%, era previsible y anticipado, por ejemplo, por Urgente24.

"Trascendió que, sigilosamente, el gobierno ordenó preparar un proyecto de decreto para congelar las paritarias hasta el 30 de junio de 2009. Sería una señal que inmediatamente desactivaría las expectativas de inflación (de mantenerse elevado el ahorro fiscal). No es una baraja fácil de jugar ante los gremios en momentos en que la relación con Hugo Moyano dista de ser óptima.

Lo que sucede es que en el Ministerio de Trabajo se están acumulando procedimientos de crisis, con 90 casos ya a 4 meses de concluir 2008. Esto significa que los incrementos salariales que se pautaron este año quedaron carcomidos por la continua alza de los precios (que se suma a la ya clásica voracidad sindical). Por este motivo, el gobierno y, puntualmente, la Jefatura de Gabinete a cargo de Sergio Massa, estarían trabajando en un plan para encarrilar la herencia recibida. No será tarea fácil."

De todos modos, no hay un pensamiento único en el Ejecutivo Nacional. En especial cuando hay por delante un horizonte de nuevos problemas con el campo y Moyano puede ayudar a los Kirchner.

La relación entre los Kirchner y Hugo Moyano es bastante irregular desde el comienzo, pero se ha complicado desde la derrota del Ejecutivo Nacional ante el campo porque, a partir de entonces, Moyano decidió 'despegarse' progresivamente de los Kirchner. O simular que lo hace para presionarlos por más prebendas.

De todos modos, cuando Cristina se encontraba por asumir, debe recordarse, tuvo que intervenir Néstor Kirchner porque Moyano había 'filtrado' conceptos peyorativos, aparentemente, sobre una mujer en ejercicio presidencial.

Durante el conflicto agropecuario, Moyano evidenció cierto malestar por la presión reiterada de parte de Kirchner para que la Confederación General del Trabajo movilizara y participara activamente contra el campo.

De todos modos, Moyano aprovechó para obtener beneficios. Y también para sus hijos Pablo y Facundo, quienes además tienen comportamientos patoteros que han merecido denuncias judiciales, aunque nada les ha ocurrido.

Más recientemente, Moyano intentó compartir con los Kirchner errores propios que provocaron la división de la CGT con la creación de la CGT Celeste y Blanca, del ex amigo de Moyano, Luis Barrionuevo.

Los Kirchner sí intentaron acercar a la CGT de Moyano con la CTA (Central de Trabajadores Argentinos), buscando consolidar el frente sindical.

Pero Moyano busca más influencia y beneficios. Resulta insaciable y los empresarios afirman que las concesiones a los sindicalistas desequilibró el 'modelo'.

"Si no devalúan para licuar salarios, hay que congelarlos y que los erosione la inflación", dijo un dirigente fabril que integra la Unión Industrial Argentina.

Moyano cree que los Kirchner se encuentren dispuestos a colisionar con el frente sindical.

Es más: ahora él se encuentra empeñado contra la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que alertaron que "el bloqueo de accesos y salidas a puertos y plantas aceiteras llevado a cabo por el Sindicato de Camioneros se agravó en las ultimas horas, ampliándose a los puertos de Quequén y Bahía Blanca", en la provincia de Buenos Aires.
    
"De esta manera este bloqueo ilegal se suma a los que afectan a los puertos de San Martín, San Lorenzo (ambos en Santa Fe) y Ramallo (Buenos Aires)", indicaron ambas entidades a través de un comunicado.
    
Advirtieron que "esta situación agrava el conflicto poniendo en serio riesgo el comercio granario, afectando a los productores agrícolas y demás actores de la cadena".
    
En consecuencia, exhortaron "a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para permitir la libre circulación de mercaderías y evitar el accionar violento de ciertos sectores de la actividad económica".
    
CIARA y CEC señalaron que "el sindicato de camioneros dice realizar estas acciones en reclamo a las compañías aceiteras y exportadoras para que sean solidarias por la falta de aportes y las diferencias salariales que son responsabilidad de terceras empresas contratantes del transporte de las cargas".
    
"El sector aceitero y exportador es receptor de cargas, no posee personal comprendido en el convenio de trabajo firmado por el Sindicato de Camioneros y las cámaras de empresas de transporte de carga y nunca ha firmado acuerdo alguno con la entidad que nuclea a los camioneros, por ende no es solidario con las eventuales falencias laborales de empresas transportistas", destacaron las entidades.
    
Precisaron que "las empresas nucleadas en CIARA y CEC se han caracterizado por una conducta responsable cumpliendo y haciéndole cumplir a sus proveedores todas las normas vigentes en materia laboral, previsional e impositiva".
    
Además, aseguraron que "la totalidad de los puertos y plantas cuentan con facilidades e instalaciones que permiten a los conductores una estadía digna durante el proceso de espera y descarga".

El diario La Nación publicó en su editorial de hoy viernes (05/09):

"La producción de origen agropecuario ha debido sortear en los últimos tiempos no sólo las políticas obstruccionistas del gobierno nacional sino también la que de manera periódica y con una prepotencia propia de matones ejercitan los sindicalistas más próximos al oficialismo.

Como si se tratara de una concertación de esfuerzos destinados a perjudicar las actividades del campo y de las industrias asociadas a su desenvolvimiento, ahora resulta que empresas exportadoras de granos deben enfrentarse con los piquetes de la "patria sindical" que traban la entrada y salida de vehículos de sus fábricas.

Dada la facilidad con la cual las usinas de un supuesto pensamiento nacional y popular prodigan motes a cuanto sector del país oponga reservas a sus urdimbres, nadie habrá de incomodarse por aquella apelación. ¿Qué mejor nombre, en efecto, que el de "patria sindical" para quienes se desplazan por todos los ámbitos del país como si éste fuera una pertenencia privativa de organizaciones previstas para cumplir ciertos papeles específicos, y ceñidos en teoría a la ley, de carácter laboral y social?

Desde hace una larga semana, centenares de camioneros han bloqueado los accesos de mercaderías en las terminales portuarias de Bunge y Born en San Lorenzo y en Ramallo, y en las últimos horas extendieron a las plantas de Quequén y Bahía Blanca esta medida de fuerza que constituye lo que comúnmente se denomina apriete. Llama la atención que las mismas empresas involucradas en controversias con el Estado por demanda de pagos de derechos de exportación se vean en la instancia de atender otro frente de conflicto requerido de atención simultánea con aquel otro.

Nidera, Cargill, Dreyfus, Molinos Río de la Plata y otras firmas dedicadas a la exportación de cereales están por igual en la mira del Sindicato de Camioneros como semanas atrás lo estuvieron empresas cementeras. Con el lenguaje dramático del caso ("alerta, paro, movilización") este agrupamiento sindical ha dispuesto un bloqueo por tiempo indeterminado sin que un solo fiscal o juez, que se sepa, haya intervenido a fin de que cesen medidas que por sí perturban el orden público, lesionan cuantiosos intereses privados, dañan el flujo de bienes y servicios hacia el exterior, y constituyen un claro hecho de violencia.

Granos, pellets y aceite de soja figuran entre los productos afectados, que son de excepcional significación para las alicaídas finanzas del país, pues están en el corazón de una agroindustria que participa del 55% de las exportaciones totales argentinas. Estamos hablando de unos US$ 30.000 millones al año.

La parte sindical demanda un supuesto blanqueo de trabajadores "en negro" y el cumplimiento de un convenio laboral que las empresas afectadas consideran tan inexistente como los fundamentos del otro reclamo. Ha dicho el Centro de Exportadores de Cereales, en nombre de sus miembros, que "no somos dadores de carga, por lo que no contamos con flete". Es decir, que no hay materia alguna para discutir con los camioneros y que, por lo tanto, si hubiera requerimientos por hacer, éstos tendrían que realizarse ante acopiadores y cooperativas.

Es hora de que el país quede libre de situaciones paralizantes de sus actividades ordinarias, situaciones generadas por razones políticas y ejecutadas mediante el recurso de la fuerza. Apresurar en esa dirección el reloj, antes que retardarlo, es una responsabilidad gremial que debería ser asumida por los camioneros con más espontaneidad y entusiasmo que otros representantes de la vida sindical. A esa responsabilidad llama el hecho de que el señor Hugo Moyano tenga en sus manos la actual conducción de la CGT."