Nestor Kirchner lo hizo: Argentina sufre un intenso proceso de fuga de ahorros al exterior. La causa principal son las reglas de organización económica y del mercado laboral que conspiran contra la competitividad. Las consecuencias sociales son muy negativas, con menos empleo productivo y deterioro del salario real.

Según la información oficial, en el primer trimestre del 2009 hubo una salida neta de capitales del sector privado no financiero del orden de los U$S 3.627 millones. Se mantiene una tendencia que se viene observando desde el año pasado ya que durante el 2008 la fuga de capitales fue de aproximadamente U$S 3.000 millones por trimestre. Esto está reflejando una alta propensión de los residentes de la Argentina a invertir sus ahorros fuera del país o a conservarlos en moneda extranjera y fuera del circuito financiero local. Obviamente que el fenómeno tiene profundas consecuencias económicas y sociales. Si el ahorro no se invierte, no se expande la capacidad productiva, no se generan nuevos empleos y, consistente con ello, se deteriora el nivel de bienestar general.

¿Qué es lo que puede explicar esta repulsión que genera la Argentina para invertir productivamente? Son muchos los determinantes de la decisión de invertir. Pero, dentro de ellos, los relacionados con las políticas públicas son decisivos para explicar porqué la Argentina es poco atractiva y conveniente para emprender una inversión productiva. En este sentido, tomando datos de Doing Business del Banco Mundial, donde se releva indicadores de competitividad para 181 países, se puede observar que:

• En Chile, una empresa paga impuestos por el 26% de su rentabilidad y en caso de que necesite terminar una relación laboral el costo promedio es de 52 semanas de salario.

• En Uruguay, los impuestos totales representan el 59% de la rentabilidad y la terminación de una relación laboral es de 31 semanas de salario.

• En Argentina, los impuestos totales representan el 108% de la rentabilidad y la terminación de una relación laboral implica abonar 95 semanas de salario.

Aunque se trata de indicadores parciales y no concluyentes, resulta muy sugerente lo dificultoso que resulta en la Argentina pagar los impuestos y cumplir con las normas laborales. No debe sorprender entonces que los niveles de informalidad –es decir, de incumplimiento de las normas– estén entre los más altos de la región y que los residentes argentinos prefieran llevar sus ahorros al exterior en lugar de invertirlos en una fábrica u otro tipo de emprendimiento productivo local.

Otros indicadores, relevados por la misma fuente, confirman hasta qué punto llega el desaliento a la producción. Las evidencias son muy contundentes cuando se compara con Chile, un país agresivo en atraer capitales productivos y promover la producción. Por ejemplo, registrar una propiedad en Argentina cuesta el 7,5% del valor de la propiedad cuando en Chile es de 1,3%, las contribuciones patronales en Argentina son de 29,4% mientras en Chile son de 3,8%, y los días que toma hacer cumplir judicialmente un contrato en Argentina son 590 cuando en Chile son 480.

La falta de competitividad tiene connotaciones sociales muy negativas. Cuando las reglas y las prácticas obstaculizan la producción –es decir, cuando la competitividad es muy baja– muchos proyectos de inversión no se ejecutan aunque existan condiciones propicias para hacerlo. Sólo se llevan a la práctica los proyectos que logran compensar los obstáculos regulatorios que impone el Estado. Una manera de compensar el efecto distorsivo de reglas irracionales es pagando salarios más bajos. Esto lleva a enfatizar que mientras más baja sea la competitividad, más bajo tiene que ser el salario real. Consecuentemente, hay menos posibilidades de generar un proceso sostenido de desarrollo social.

Las evidencias señalan que Argentina tiene serios y crecientes problemas de competividad. Sin un cambio de tendencia, se hace inevitable acelerar la devaluación del peso para profundizar la caída del salario real y así compensar, al menos en parte, la falta de competitividad del país. Obviamente que el camino socialmente más conveniente va en el sentido contrario: implementar un agresivo programa de reformas estructurales que mejoren la competitividad para minimizar la necesidad de devaluar dando viabilidad a un proceso sostenido de progreso social basado en un salario real alto.