El gobierno está a un paso de destrabar el uso de los U$S 4380 millones del FODEAR, a través de un fallo de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que dejaría sin efecto la suspensión de la aplicación del DNU 298/2010 dispuesta por la jueza Claudia Rodríguez Vidal ante los amparos presentados por Graciela Camaño y por Gerardo Morales y Ricardo Gil Lavedra. Una vez más, el operador judicial estrella del gobierno, Javier Fernández, actuó en tándem con su hermano Sergio -integrante justamente de la Sala IV- para influir sobre los otros camaristas, Luis Márquez y Jorge Morán. Pero la apelación del amparo de Camaño lo trata la Sala I, con Pedro Coviello, Clara Do Pico y Néstor Buján. El lobby K confía en que, ante un fallo de la Sala IV favoreciendo al gobierno, la Sala I terminaría cediendo y enviándole el expediente a sus colegas. 

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Mientras tanto, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo está trabada por el conflicto sobre su composición y la apelación presentada por Julio Cobos contra el fallo de Enrique Lavié Pico. Y, además, el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Finanzas de Diputados está impugnado por Agustín Rossi y puede también judicializarse.

Así las cosas, el gobierno tiene buenas perspectivas para liberar el uso del FODEAR por vía judicial, dejando para mejor ocasión el proyecto de Ley Verna.

Cuando la solución es el problema

Paradójicamente, un éxito importante como es el poder aplicar el DNU 298 podría agravar el frente de tormenta que el gobierno tiene con los gobernadores. El poder disponer de los U$S 4380 millones en juego para pagar a acreedores privados mejora la liquidez del Tesoro para atender otros requerimientos. Y avala plenamente que los gobernadores -los oficialistas van hoy a Olivos- aumenten sus presiones para que CFK acepte modificar la coparticipación del impuesto al cheque o ceda más recursos a las provincias. El libreto distribuido días atrás por Aníbal Fernández a Jorge Capitanich, Jorge Uribarri y otros leales, es que sería temerario obligar al gobierno a que se desfinancie.

Los dos extremos del abanico de opciones son el proyecto Verna -que propone redistribuir a las provincias el 60% del impuesto al cheque- y la vaga promesa de Kirchner de una nueva ley de Coparticipación. La mayor parte de los gobernadores saben que si se sanciona lo primero CFK lo vetará y que el debate sobre la coparticipación es tan complejo que puede llevar largos meses y terminar en la nada. Así es que surgen en el medio un rosario de propuestas intermedias, como la del sanjuanino José Luis Gioja para que se repartan el excedente de lo recaudado o la del salteño Juan Manuel Urtubey, que quiere un nuevo programa de obras públicas. Con este alboroto en sus propias filas, los Kirchner tendrían serias prevenciones sobre los efectos políticos que tendría un fallo que libere el FODEAR. El temor es que los “pampuristas” del Senado, como Guillermo Jenefes (Jujuy) Luis Viana (Misiones) y Marcelo Guinle (Chubut) entre otros, se aferren del éxito del DNU 298 para plantear que el gobierno se quedó sin excusas para no cederle fondos a las provincias.

    

BWN Patagonia