(AW) Casi ochocientos mil pesos destinados al pago de alimentos, medicación e higiene para los presos del Chubut fueron robados por altísimos funcionarios del SPF, los hechos involucran a su titular Alejandro Marambio y al jefe de Gabinete Aníbal Fernández. El principal imputado Osvaldo Barnechea fue ascendido al máximo grado, inspector general, y promovido a tesorero nacional de la fuerza.

La denuncia fue realizada por el ex alcalde mayor Horacio Leguizamón, a quien echaron por negarse a la complicidad y al silencio. Hoy vive de un kiosco/locutorio en la ciudad de Rawson y si bien no teme a las represalias, afirma que las espera. Presos de la Unidad 6 reclamaron su regreso a la secretaria de Derechos Humanos provincial. El fiscal federal Gelvez sostuvo que las pericias con contundentes y el 31 de agosto habrá indagatoria para dos denunciados. La Paloterapia a quienes “no encajan” y la corruptela, son ejes fundamentales de la institución.

Un total de 774.440, 60 pesos que la provincia del Chubut pagó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) nunca fue depositado en la cuenta del organismo y sí fue retirado por ventanilla del Banco Nación, generalmente en sucesivos montos de 40 mil pesos, con destino aún incierto. Los pagos chubutenses, correspondientes a los años 2004/5/6, se realizaron en concepto de raciones, alojamiento, atención médica, higiene y deuda histórica por aquellos presos de la Provincia que permanecen detenidos en la Unidad 6 de Rawson, siendo esta una cárcel federal.

La denuncia la formuló el ex alcalde mayor Horacio Leguizamón, quien fue echado de la institución con un vertiginoso pase a retiro. Mientras que los denunciados, por caso el actual prefecto y principal implicado, Osvaldo Barnechea, ascendió dos grados y es el hoy tesorero nacional del SPF; Sixto Ferreira, auditor contable que recibió la denuncia de Leguizamón, para luego desaparecerla, fue ascendido a inspector general y es Jefe de Administración del Servicio; José Lera, por entonces titular de Administración se retiró como inspector general, máximo cargo penitenciario con jugosa jubilación. De acuerdo a Leguizamón, tanto Claudio Barberá, retirado como inspector general, como el actual director del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio, habrían actuado mínimamente como encubridores, ya que ambos tenían pleno conocimiento de los hechos, y no solo no emitieron una sola palabra reprobatoria, sino que consintieron los ascensos de sus cobanis chorros a pesar de que no éstos pueden ascender mientras dure el sumario. Marambio, a quien le llegó el expediente en mano por una persona cercana a Leguizamón y también por la vía institucional, afirmó que Leguizamón estuvo bien echado.

Por otra parte, aunque no sabemos qué premió el silencio sostenido por el entonces subsecretario de Políticas Penitenciarias de la Nación Federico Ramos, en cambio sí es público que el jefe de la banda, Aníbal Fernández, fue ascendido de Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos a Jefe de Gabinete, aunque es de suponer que la recompensa retribuye otros incontables hechos de equivalente calaña.

Fiscal Federal Gelvez: “La pericias fueron terminantes”

Este “desvío de fondos” nunca hubiese visto la luz si no existiese una denuncia radicada ante la justicia federal con sede en Rawson. De este modo, el juez federal Hugo Sastre tomará declaración indagatoria a Osvaldo Barnechea y a su segundo por aquellos años, Luís Acuña, el próximo 31 de agosto. ¿Por qué recién ahora? Según se afirma en esta ciudad, sucede que el juzgado de Rawson lleva pesadas causas de derechos humanos, incluida la investigación reabierta sobre la Masacre de Trelew, perpetrada en 1972, más la inactividad generada por la Gripa A1 N1 este año, más el tiempo que llevaron las pericias específicas y los consabidos tiempos de la Justicia. Esas causas, entre otras, mantuvieron  en laberintos judiciales este robo al estado, pero como a cada chancho le llega su San Martín, el silenciamiento ha llegado a su fin. Tal consideración se desprende luego de que esta Agencia dialogara con Fernando Gelvez, Fiscal Federal de Rawson,

-¿En que delito habrían incurrido estas personas?

-Acá se inicio una investigación debido a la denuncia que realizó Leguizamón, le aclaro que también cuando nosotros pedimos desde la Fiscalía a la Unidad 6 de Rawson si el Servicio Penitenciario Federal había iniciado actuaciones, nos enviaron las actuaciones y posteriormente también hicieron completar las mismas. No obstante nosotros habíamos comenzado a averiguar el suceso denunciado y lo que hicimos fue terminar una investigación que, inclusive, contó con una pericia que confirmo que no se siguieron los procedimientos habituales de contaduría para este tipo de hechos.

– ¿Las pericias fueron terminantes?

Sí, exactamente, las pericias fueron terminantes en cuanto que no se siguieron los mecanismos adecuados, que no se registraron en los libros pertinentes de la Unidad 6 y también se señala que ese dinero debió haber sido girado a el organismo administrativo central, al SPF.

¿Qué sanción que les correspondería a los autores?

-Concretamente la indagatoria que se pide respecto de Luís Acuña y Osvaldo Bernachea se refería al delito previsto por el articulo 174, inciso 5º, que es “fraude a alguna administración pública”;  y eventualmente nosotros creemos que también podría encontrarse la figura de “incumplimiento de los deberes del funcionario publico”, articulo 248 del Código Penal. Esto obviamente es provisorio, el juez al momento de llevar a cabo la declaración indagatoria, va a ser el que califique jurídicamente estas conductas que hemos investigado. En cuanto a la pena o las sanciones, el artículo 248 es un tipo penal que establece la inhabilitación para el funcionario público. En cambio el artículo 174 inciso 5º establece la pena de prisión, pero es una pena que remite al articulo 179 del Código Penal que no supera los 6 años, es decir que un mínimo no supera los 3 años.  Por lo tanto podría eventualmente, en caso de condena, aplicarse una pena de ejecución condicional.

-¿En caso de que el juez califique con mayor severidad cuál sería la figura?

_La figura, si adopta la de fraude a la administración publica, ese seria el tipo penal mas grave artículo 174 inciso 5º del Código Penal debido a la maniobra fraudulenta en la que habrían incurrido las persona imputadas.

-¿Y el dinero dónde está?

-El dinero no fue girado y no se sabe cual ha sido su destino. Lo que si se ha comprobado que ha habido extracción, es que ha habido personas que han retirado esos cheques y justamente esas dos personas son las que según el informe del banco cobraron los cheques.

-¿La causa podría tener alcances hasta el ex ministro Justicia y actual jefe de Gabinete Aníbal Fernández  y al titular del SPF Alejandro Marambio, dado que ellos -según el denunciante- armaron el encubrimiento y promoción de los implicados?

-Mire esto podría ser respondido con exactitud luego de que el juez reciba estas declaraciones indagatorias, por el momento no, pero esto no quiere decir que más adelante en la investigación pueda haber mas personas involucradas, veremos que dicen los imputados.

– ¿El informe del Banco dice que estas dos personas cobraron los cheques?

-Las dos personas tienen la firma autorizada y según lo que dice el informe en el expediente serían los que habrían cobrado.

Por otra parte, cabe destacar que junto a las pericias judiciales, existió otra pericia del mismo SPF que confirmó de modo contundente la ausencia de esos fondos en los asientos y libros de rigor.

Los presos hablan sobre Leguizamón

A los  pocos días que pasaron a disponibilidad al “rara avis” Horacio Leguizamón, en febrero de 2007,  una docena de presos de la U6 enviaron una carta a Elisa Martínez, Secretaria de Derechos Humanos del Chubut. La carta no pudo ser firmada por más detenidos porque corrían riesgos. Por la misma razón esta Agencia omitirá el nombre de los firmantes. Lo cierto es que los detenidos le dicen a la funcionaria que Leguizamón “desempeñaba sus funciones con ecuanimidad hacia los internos, su trato era más humano que el resto del personal (…) Lo que hace que la dignidad de la persona sea tomada en cuenta y uno valore la mesura y la diferencia en el tratamiento hacia uno. Asimismo dicho jefe ponía principal disposición de ánimo en solucionar problemas burocráticos inherentes a la administración”. Los presos se refieren al retiro de su dinero producto del trabajo en la Unidad 6, adquisición de anteojos, medicamentos, regímenes especiales de comida y el pago de horas laborales.

En el escrito, también afirman que a poco de “irse” Leguizamón fue “rebajado el salario percibido y la cantidad de horas trabajadas”. A la vez, indican que mermó la “comida común en los pabellones, como en los regímenes dietéticos, aconsejados por el personal médico a internos con enfermedades crónicas”.

También, la carta subraya que “en la actualidad se come con las manos, como si fuéramos medio orientales u orientales nada más. Nos faltan los recipientes para poder lavarnos las manos, luego de la utilización de las manos, o sea que estamos culturizándonos en una nueva forma de ingerir los alimentos, en forma manual (…) Tal vez en este lugar se esté gestando el fin de la cultura del buen comer occidental con cubiertos, y se pase a la utilización de las manos como los homínidos arbóreos”.

Finalmente, los detenidos le preguntan a la funcionaria: “¿Podríamos unos simples internos de la Unidad 6 hacer algo para que vuelva el señor Leguizamón Horacio y nos vuelvan a tratar como seres humanos?”

Actualmente, Leguizamón vive del locutorio/Kiosco que tiene frente a la Casa de Gobierno en Rawson. Allí, singularmente, trabaja varias horas en soledad, es decir sin control, un detenido de la Unidad 6 quien 12 horas al día goza de sus salidas laborales. Cabe la reflexión que en una ciudad pequeña como Rawson, menos de 27 mil habitantes, no abundan quienes contraten a un preso.

“Escasa ración alimentaria”

Cada peso que roban los cobanis chorros significa, entre otras cosas, bajar la calidad de vida, ya en permanente descenso de por sí, de los ciudadanos caídos en desgracia enrejada. Sirva el siguiente caso como mero ejemplo. En abril pasado, un detenido de la U6, a quien llamaremos Juan Pérez, envió una carta a la Procuración Penitenciaria Federal (más conocida como “la procu” o “la pepeene” entre los presos), organismo defensor de las personas privadas de su libertad.

En el texto, Pérez le dice a los funcionarios: “Me dirijo a Uds. para informarles que los internos alojados en el CRD (Centro de Rehabilitación de Drogodependientes) de la U6 han presentado reclamos por escrito ante la Dirección por la escasa ración alimentaria provista para los catorce (14) del colectivo alojado. Como ejemplo, cito lo que se entrega diariamente: 1 kg de zanahoria, 2 kg papas, 1 kg cebollas, 1 kg. de carne. Los alojados preparan con ello el almuerzo y la cena. No se desayuna ni merienda. No se dispone de heladera para guardar los alimentos preparados al mediodía para la noche”.

Por su parte, la Procuración le responde: “…A raíz de la visita efectuada por asesores de este Organismo, en el mes de Marzo del corriente año, el problema de la mala y escasa alimentación otorgada por el SPF fue uno de los relevados como el más acuciante y preocupante. Por ello ha sido motivo de análisis en el correspondiente informe, el que será remitido a las autoridades competentes con el objeto de que se efectúen modificaciones al respecto y se de cumplimiento a la normativa vigente en la materia. Quedando a su disposición, lo saludamos muy atentamente”.

“La logia de los dedos en la lata”

Si alguien concluyera que estos fraudes o robos se perpetran exclusivamente en Chubut, estaríamos en un error. Se trata de una política nacional implacable y constitutiva de la fuerza. Recientemente, el diario Página 12, afín al gobierno, se preguntaba en una nota de Horacio Cecchi “¿En qué se gastan los 9400 pesos mensuales que invierte el Estado nacional en cada uno de sus casi 10 mil detenidos en cárceles federales? ¿Y los 3000 que invierte el Estado bonaerense en cada uno de sus 25 mil presos?” Si bien en la provincia que gobierna Scioli son más de 28 mil los detenidos, la diferencia no hace a la esencia de la cuestión

Desde el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos expresaron que “la cifra puede hacer suponer que viven rodeados de confort y son alimentados y vestidos mejor que muchas familias argentinas que viven bajo la línea de pobreza; y pueden realizar actividades recreativas, laborales y educativas de calidad, en establecimientos modelo”.

Por su lado el Comité Contra la Tortura, en un informe titulado “La corrupción penitenciaria y la Justicia”, referido a las cárceles bonaerenses, sostuvo: “Con esa suma, no debieran existir carencias materiales, de asistencia en salud, educación, tratamientos médicos y psicológicos, psiquiátricos”.

“La secta del gatillo alegre y la picana es también la logia de los dedos en la lata”, indicó Rodolfo Walsh refiriéndose a la policía. Cualquier similitud con el servicio penitenciario es empeñosa emulación. Así, lo demuestran, por caso, innumerables causas por robo en alimentos, medicamentos e insumos, nunca sancionadas, y los lacerantes testimonios de los perjudicados directos.

Extractado de: «Los cobanis chorros» de Oscar Castelnovo (Enviado especial a Rawson, Chubut) Agencia Rodolfo Walsh.