Al mejor estilo fascista y tras criticar el premio otorgado a Chavez por la libertad de expresión en Venezuela, la ultra derecha argentina presentó un proyecto de ley, firmado por el lacayo de Monsanto, Barrick Gold y otras corporaciones, el diputado macrista Federico Pinedo. La «idea» ingresó en febrero a la Cámara de Diputados, e indica que un sitio web puede ser cerrado sin necesidad de un fallo judicial previo. Este proyecto viola la Constitución Argentina e ignora que no existe legislación sobre Internet para respaldarlo. Tambien demuestra la ignorancia del PRO sobre la naturaleza tecnica y estructural de la red. Pero a Pinedo no le interesa nada de esto. Es el hombre de confianza de David Rockefeller en Argentina, y responde a The Capital Group y Morgan Chase, entre otros. Conocé su prontuario.

Pinedo no entiende nada de Internet. Sigue ordenes de las corporaciones.

Federico Pinedo es un lacayo de las corporaciones: En la sesión del 14 de julio del 2010 se encargó de dejar sin quórum la sesión, precisamente cuando se trataba el artículo 6° que prácticamente hería de muerte al proyecto Pascua Lama.

Pinedo, es ex funcionario de Domingo Cavallo, a quien Rockefeller calificó como “un hombre extraordinario”, fue por entonces subinterventor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Tuvo a su cargo en 1993 la licitación de la telefonía celular en el interior, donde hoy la compañía América Móvil (Claro) -cuyo principales accionistas son The Capital Group y JP Morgan Chase Manhatan- tiene un marcado predominio.

Pinedo También participó como consultor de la privatización del mercado de las telecomunicaciones en algunos países de Centro América. Sería muy interesante que el pueblo argentino conozca la nomina de las empresas que son o han sido clientes de su afamado estudio de abogado.

Respecto Malvinas, Pinedo es integrante del Consejo Asesor del alicaído Observatorio Parlamentario Malvinas. Pese a que fue un antepasado suyo, el que contrariando las órdenes recibidas, las entregó sin disparar un tiro, y fue enjuiciado y condenado por ello. Sin embargo apoyó con reparos el proyecto de ley aprobado en Diputados, que prevé sanciones económicas concretas contra empresas que operen en Argentina, y a su vez participen en la exploración o explotación petrolera en la zona de las islas. Ley que de sancionarse definitivamente, alcanzaría de lleno a la Barrick y sus poderosos accionistas.

Criticas

«Quieren una especie UCEP cibernetica [por la Unidad de Control del Espacio Público]», «…mientras se oponen a los piquetes realizados por trabajadores estafados a Clarín, proponen bloqueos virtuales en la red…» «lo que persiguen es amordazar a los creadores de contenidos…»

«¿Quienes se creen que son? ¿Piensan que pueden gobernar Internet? ¿Que poder tienen para cerrar paginas de la India donde muestran pornografía infantil….? …parece una broma…»

«…así que quieren legislar Internet acorde a los caprichos de Mauricio Macri…»

«…evidentemente el PRO necesita asesoramiento técnico sobre Internet, y sus legisladores necesitan ocuparse de las necesidades legitimas del pueblo que les paga el sueldo, y no de la censura de contenidos en Internet…. Pinedo no se dio cuenta de que hay gente durmiendo debajo de los puentes y que no tiene electricidad… mucho menos una computadora…»

«…por eso se tuvo que bajar Macri, está rodeado de idiotas»

Estos y muchos otros son las criticas hacia el PRO por su iniciativa fascista, por parte del mundo digital: Creadores de contenidos y bloggeros que se enteraron del absurdo proyecto de ley presentado por el diputado nacional macrista Federico Pinedo, llamado «Régimen para proveedores del servicio de Internet», que fue diseñado para controlar, censurar y violar la libertad de expresión en la red y penalizar a las empresas proveedoras de hosting (compañías que alojan paginas web).

Pese a redes como Facebook, Internet es un espacio libre donde millones de personas a nivel mundial pueden expresarse. Internet es un espacio libre de regulaciones impuestas por las corporaciones y donde es posible encontrar perspectivas alternativas a las versiones oficiales.

En Internet es posible encontrar información fidedigna que no es financiada por grupos económicos que buscan masificar y producir ignorantes.

Resulta extraño es que el PRO que enarbolaba las banderas de la democracia y la libertad alabando el dialogo, busque ahora penalizar y responsabilizar a las empresas que brindan servicios de alojamiento web por los contenidos de las paginas de sus clientes.

La excusa del PRO para censurar es que, acorde a parametros del PRO muchas paginas podrían «violar normas legales o derechos de terceros», como así también, «enlazar a otros sitios que incumplen la legislatura vigente».

Esto significaría que, absurdamente, el PRO se cree más capacitado que Google, Creative Commons, W3C, el CERN etc. para juzgar o certificar los contenidos de Internet.

El PRO miente

«…de acuerdo a la cantidad inconmensurable de paginas que existen en la red, es imposible que el PRO pueda vigilarlas y regularlas a todas. Esto es un claro atentado contra medios web puntuales que publiquen información contraria a los intereses del PRO o las corporaciones que representan: Monsanto, Barrick Gold, Endesa, etc», señala un trabajador de Internet.

Inconstitucionalidad del Proyecto del PRO

Lo más grave este proyecto, señala con elocuencia diarioregistrado.com, es que, con el fin de «proteger» los interesas de empresas y/o particulares, el proyecto prevé que un sitio web que supuestamente viole normas legales o derechos de terceros, podrá ser dado de baja por el mero hecho de que alguien envíe una carta documento y sin intervención judicial. No sólo se incluyen a las webs cuyos contenidos «violen la ley», sino también a las que incluyan links (enlaces) a otros sitios en esas condiciones.

La miembro de la Fundación Via Libre, Beatriz Busaniche, apuntó que, «los legisladores no entienden que lo que está en juego aquí no es un tema técnico ni judicial, sino que lo esencial del asunto es la libertad de expresión y que existen comisiones especializadas en eso en el Congreso».

«La argumentación y basamento del proyecto es absolutamente erronea: presupone que no hay Ley donde sí existe una Ley y pretende crear un marco regulativo menos garantista y más represivo que el que rige nuestra vida en Argentina», agregó Busaniche.

Nuestro estimado amigo, Joel Chornik, CEO y fundador de El Server.com, la empresa mas importante de hosting en Argentina, subrayó que la «falta de conocimientos técnicos sobre el medio que se pretende legislar es increible», y fundamentó su onjección al proyecto indicando que: «Si los proveedores, en cualquier punto, pudiéramos tener rápidamente una confirmación o no de la legalidad o ilegalidad de los contenidos, podríamos actuar de forma rápida sabiendo que estamos respetando la ley. Pero no es correcto que se pida a un proveedor que cumpla el rol de un juez, y se tome atribuciones que no le corresponden».

El conocido blogger Fabio Baccaglioni fue mas directo: «Aquí se pretende trasladar el poder de policía a los dueños de los servers cuando la Justicia es la que tiene esa potestad, porque así corresponde por nuestra Constitución», «existe una diferencia sustancial entre bajar un contenido previamente o posteriormente a un fallo judicial, ya que sino se aclara bien en el proyecto atenta directamente con la libertad de expresión».

Diego Ignacio Mur
Fuentes: BWN Patagonia La Nacion DiarioRegistrado
BWN Patagonia