La justicia federal es siempre prenda de los gobiernos de turno. Este gobierno, el más corrupto de las ultimas décadas, hace y deshace a su antojo, y controla la Justicia más que ninguno. Tanta es la impunidad que el poder se ejerce con absoluto despotismo. Muchas son las pruebas de ello: el control del Consejo de la magistratura, de la Procuración General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante el manejo discrecional del presupuesto que se afecta a la Justicia, a pesar de los continuos reclamos de la CSJN por lograr la autarquía judicial, cosa que no se logrará, al menos en este gobierno que tiene como objetivo mantener el control de la justicia para no marchar presos.

Hay un nuevo hecho preocupante que evidenciar. La muerte de los «empresarios» de Gral. Rodriguez, Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, dio punto de partida a la causa denominada «mafia de los medicamentos» y también a la de irregularidades en el financiamiento del partido Frente para la Victoria para las elecciones presidenciales del año 2007. Este último expediente nace al ser publicada una lista de aportantes de campaña, donde aparecía Seacamp S.A., de Forza y la empresa Global Pharmacy de Gabriel Brito, persona que, al verse en la nómina, comenzó a patalear tras negar haber invertido un solo peso en dicha campaña. Su abogado, Alejandro Sánchez Kalbermatten —letrado de algunos de los periodistas de este medio—, ha asistido a Brito en las testimoniales que prestara el pasado 16 y 17 de septiembre ante el Juzgado Federal de la Dra. María Romilda Servini de Cubría en conexión con las irregularidades en cuestión.
Como es público y notorio, el entonces Jefe de Gabinete del actual gobierno, Alberto Fernández, designó al Superintendente de Servicios de Salud, Héctor Cappaccioli como el «Recaudador» y a su vez, a Sebastián Gramajo y Hernán Diez, dos presuntos inmaculados jóvenes del PJ porteño como responsables financiero y pólítico del Frente para la Victoria.
La función de Gramajo y Diez era la de percibir los aportes, registrar sus titulares y controlar que no se vulnerara la Ley de financiamiento electoral. Sin embargo el escándalo de la mafia de los medicamentos, que diera lugar a la muerte de los empresarios y a que se revelara que muchos aportantes eran supuestos, dado que se habrían utilizado nombres y DNI truchos (y de muertos incluidos), dio lugar a la radicación de numerosas causas en la Justicia Federal de sumo interés político, y a grandes controversias en torno a cuál o cuáles jueces debían intervenir en estas atractivas causas mediáticas.
    Es así que, en la causa N°14.003/08, por denuncia del abogado Hernán Palmeiro, el Juzgado Federal N°11 investiga la presunta comisión del delito de lavado de dinero (1), causa que acumuló una posterior denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, Causa 841/08, y originó la remisión de testimonios a la Justicia Federal Electoral, donde se formó la causa N°2371/09 caratulada «Fiscalía Federal electoral s/remite testimonios de causa Monner Sans Ricardo s/denuncia», hasta el lunes pasado en manos de la Jueza Federal Electoral N°1, Dra. Maria Romilda Servini de Cubría.
Luego, el Juez Federal N°5 Dr. Norberto Oyarbide interviene en la causa de la comercialización de los medicamentos falsos, junto al Fiscal Federal Luis Comparatore. El eyectado juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez, investigaba la ruta de la efedrina.
Por último el Juez Federal Julián Ercolini investiga la supuesta complicidad de la industria con las principales obras sociales del estado, IOMA y PAMI, para instalar sobreprecios, comercializar los medicamentos más caros y manipular la ley de genéricos, hecho que podría estar conectado con el caso de la efedrina y el triple crimen.
Ahora bien, más allá de alguna causa penal más, desperdigada en algún despacho de la Justicia Federal, lo cierto es que el lunes pasado, ante el conflicto de competencia que tenía en disputa al Juez Federal N°4 Dr. Ariel Lijo (Secretaría N°8) y a la Jueza Federal Electoral N°1, Dra. Servini de Cubría, hubo de intervenir la Cámara Federal, quien terció a favor del Dr. Ariel Lijo, lo que no es casual.
    En efecto, las recientes desaveniencias entre el gobierno y la Jueza Federal que tenía a su cargo dicha investigación sobre las irregularidades del Frente para la Victoria en el financiamiento de la campaña presidencial, hicieron que la causa pase del despacho de la magistrada al escritorio del Dr. Lijo….¿Porqué? Entiende este periodista que se trata de un malicioso y sugestivo manejo jurisdiccional, ya que mas allá de las bondades que quizás tiene el Juez Lijo, es obvio que el objetivo fue alejar a Servini de Cubría de todo contacto con esta importante megacausa, que ante sus evidencias, desvela indudablemente al binomio gobernante.
Esperemos que en algún momento haya Justicia, y que esta se afiance en el país.

Carlos Forte