Hace sólo unas horas, en el marco de una disertación que el juez de la Suprema Corte de Justicia, Eugenio Zaffaroni, brindó en sede de la Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas —organizada en el Congreso de la Nación—, fue «escrachado» por un grupo de Madres contra el paco y otros jóvenes por su postura respecto a despenalizar el consumo y tenencia de drogas. «Usted dice que defiende los derechos humanos, ¿de qué derechos humanos habla?», le espetó uno de los indignados oyentes. Lea tambien: Si se despenaliza, los narcos van de fiesta: Opina ex especialista de SEDRONAR (En respuesta a Zaffaroni y Anibal Fernandez).

Más allá del incidente en sí, lo importante es que lo sucedido reavivó nuevamente el debate acerca de la no penalización de estupefacientes y merece un oportuno comentario para entender qué hay detrás de esta interesada postura, impulsada en pleno por lo más granado del kirchnerismo, de la mano del inefable Aníbal Fernández.
Antes que nada, debe recordarse que hace pocos meses un grupo de 80 magistrados —nacionales, provinciales y federales de todos los fueros— denunciaron que la oferta y la demanda de drogas «registra niveles sin precedentes» en el país, agregando que las bandas de narcotraficantes «en muchos casos recibieron protección política, administrativa y judicial».
Por ello, llama la atención que el Gobierno impulse la despenalización de estupefacientes en el marco del exponencial crecimiento, no sólo del consumo de estos, sino también del ingreso de narcotraficantes a la Argentina.
Por caso, el ex embajador de Colombia en la Argentina y actual canciller Jaime Bermúdez, advirtió oportunamente que la despenalización traería un incremento de drogas en el territorio nacional en lugar de disminuirlo. «La experiencia de Colombia indica que despenalizar la droga no ayuda a combatir el narcotráfico, sino todo lo contrario», admitió ante un asombrado cronista de diario La Nación.

Las cosas claras

Hay que ser claros en un punto que no casualmente el kirchnerismo oculta con gran elocuencia: el consumo de drogas está despenalizado hace veinte años, lo que quiere liberarse es la «tenencia», estos es, la posibilidad de cargar encima con pequeñas dosis de narcóticos. Lo único que logrará esto —como ha sucedido en otros países que lo han intentado— es que el narcotráfico mueva la droga —a través de sus dealers— en pequeñas dosis.
No hay que dejarse engañar, lo que en realidad existen son intereses privados de ciertos grupos que viven del tráfico de drogas y que son protegidos por importantes funcionarios del Poder Ejecutivo. En ese marco, se quiere hacer creer a la sociedad que hay en estudio profundos proyectos sobre adicciones y estupefacientes a través de una «comisión de notables», especializada en el tema drogas.
La realidad es que se trata de un rejunte de «impresentables», tal cual denunció este periódico oportunamente, algunos de ellos relacionados personalmente a causas de narcotráfico. Los supuestos especialistas —sólo hay uno que merece destacarse, la Dra. Patricia Llerena, especialista en lavado de dinero— son unos farsantes, lo mismo que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien no duda en mentir para justificar la despenalización que tan sospechosamente defiende.
Habla el funcionario de que actualmente se «criminaliza» al adicto y miente. No sólo no es penalizado, sino que es enviado a hacer un tratamiento para abandonar su adicción. Las cifras que da el ministro son irreales y él lo sabe, pero es un actor interesado en este culebrón.
La sociedad es bombardeada permanentemente con información de dudosa procedencia y esto provoca una enorme e inevitable confusión que opera a favor de los lobbystas de la droga.
Un dato que no debe perderse de vista siquiera por un instante: no existe un combate real contra las drogas en nuestro país, por lo cual decir que se ha perdido la pelea contra el narcotráfico es de una imbecilidad supina.
    Si realmente se quisiera pelear contra el tráfico de estupefacientes, tendrían que radarizarse las fronteras del país, coordinar acciones entre las diversas fuerzas de seguridad del territorio nacional, sancionar la pertinente ley de precursores químicos, desfederalizar la acción de la justicia respecto a los delitos relacionados con las drogas y otras tantas medidas que el oficialismo parece no querer ver.
    Lo más sencillo —y por donde siempre se corta el hilo— es siempre discutir sobre el consumidor de narcóticos, el último eslabón de la cadena y el menos importante a la hora de desbaratar bandas de narcos.
Habría que preguntarse por qué, en lugar de embestir de frente contra las drogas, se insiste en una medida que va a contramano de lo que hace el mundo entero. ¿A quién le sirve todo esto?

La pata internacional

Hace pocos meses, tuve la oportunidad de entrevistar a un importante funcionario de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), quien me aseguró que detrás del debate sobre la despenalización de las drogas para el consumo personal, estaba la mano del multimillonario lavador de dinero George Soros.
    «Este hombre está promoviendo la despenalización de las drogas para el consumo personal en muchos países del mundo, y no excluyo que también esté detrás de eso aquí en Argentina», admitió el preocupado funcionario sin equivocarse en lo más mínimo.
    Soros posee una serie de organizaciones y supuestas fundaciones sin fines de lucro a través de las cuales hace importantes aportes de dinero a medios de prensa de todo el mundo. En la Argentina, uno de los que recibe los oportunos «sobres» del magnate, es el periodista Horacio Verbitsky a través del Open Society Institute, una «pantalla» para blanquear dinero y corromper a los medios.
No casualmente ha sido Verbitsky quien hizo de nexo entre Soros y el gobierno de los Kirchner para que se empezara a trabajar en el discurso oficial sobre despenalización de drogas —junto a media docena de operaciones de lavado de capitales que incluyó al privatizado Banco Hipotecario— y «descriminalización» de adictos.
Hubo a ese respecto un par de «millones de razones» —verdes para más detalle— para que el oficialismo se «despreocupe» respecto al ejército de zombies carcomidos por el consumo de estupefacientes que inundará a la Argentina en un futuro cercano.
Las espadas más visibles de ese espurio acuerdo son Aníbal Fernández y el propio Zaffaroni, ambos defensores a ultranza del miserable discurso de «reducción del daño» que provocan las drogas.
De más está decir que la despenalización de las drogas ya ha demostrado su ineficacia en los lugares donde se implementó, lo cual obligó a los pocos países que se animaron a volver sobre sus pasos. Es un dato que parecen desconocer tanto Zaffaroni como Fernández.
Peor aún: Fernández todavía debe puntuales explicaciones sobre sus propios vínculos con el mundo del narcotráfico. Lamentablemente, el periodismo jamás lo indagará al respecto, ya que nadie se atreve a meter sus pies en terreno tan pantanoso.
Poco parecen importar los estragos que hoy provocan los narcóticos o la falta de contención por parte del Estado al crecimiento exponencial de narcoadictos. Todo se resume al cuantioso dinero que han embolsado un grupo de irresponsables funcionarios gubernamentales; una banda de forajidos a los que no les interesa el frágil futuro de los habitantes de su propio país.

Christian Sanz

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Si se despenaliza, los narcos van de fiesta: Opina ex especialista de SEDRONAR (En respuesta a Zaffaroni y Anibal Fernandez)

No se puede proponer despenalizar el consumo de drogas porque no esta penalizado. Lo que la Ley 23.737 penaliza, es la «tenencia» o sea que se penaliza al que tiene droga en cantidad como para vender. Si se despenaliza la tenencia, los narcos van de fiesta.
La ley es de 1989 y fue largamente discutida por el Congreso Nacional, donde predominó el criterio de tratar al adicto como un problema de salud. O sea que esto no es novedoso. La Ley mencionada permite al juez aplicar la «medida preventiva» (tres meses de clases por el Ministerio de Educación) y la «medida curativa» (tratamiento). Si se cumplen estas instancias con resultados positivos (si se termina el tratamiento) se anula el expediente judicial.
Lo que no existe es una red sanitaria porque no hay camas públicas de tratamiento. Sólo Cenarso tiene 70 camas para un problema que ocupa en las ONGs (las comunidades terapéuticas) 2.500 camas.
La creación de la Comisión Asesora de Aníbal Fernández ignora que existe la Sedronar, que es la Oficina Central de Políticas de Drogas. El Ministro le prohibió capacitar a las fuerzas de seguridad por Circular e informar de los decomisos a la Sedronar.  Estas dos medidas atentan contra una política coherente e integral.
En la Comisión no hay nadie que represente a la salud pública, ni a la educación, ni a los especialistas del país, ni a los secretarios de la Sedronar como Amadeo, Aráoz, Cortese, etc.
Ya en la década del setenta se trabajaba entre delegados de los ministerios con malos resultados y por eso se creó la Sedronar que integra y unifica. Los demás países elogian la historia de nuestro país en el terreno drogas. ¡Y a nosotros se nos ocurre cambiar!
Por otra parte, se usa a Gendarmería nacional como fuerza policial y se la retira de las fronteras. Esto facilita la entrada de drogas por la frontera norte, sobre todo.
La creación del Registro de Precursores que funciona desde el 2002 fue un paso adelante básico, porque permite controlar y conocer  lo que entra, lo que sale y el destino. Se llama «desvío» al hecho de decir que una partidas es para medicamentos y pasarla a los narcos.
Aníbal Fernandez anunció que la Comisión Asesora recomendó a la Presidenta pasar el Registro al INTI lo cual es un disparate porque el INTI no tiene ninguna experiencia en este campo. Además, no hay constancia de que se haya efectuado la recomendación y la Presidenta no firmó el traslado. Queda por lo tanto en la Sedronar.
Esto es lo que informó el viernes 5 el Jefe de Gabinete que reunió a Aníbal Fernandez, Sergio Massa y José Granero. Granero venía siendo ninguneado y es el único que trata de dar respuestas.
No hay modo de buscar soluciones si no hay una conciencia social del riesgo que implica el consumo desbordado de drogas. Hay un exceso de tolerancia por todos los componentes: la familia porque está paralizada, la escuela porque está sobrecargada, la juventud porque está confundida y no ve un futuro cierto, los profesionales porque no conocen bien estos problemas.
Ya la discusión  pública sobre la despenalización del consumo, que está mal planteada, hace creer a niños y jóvenes que el abuso de drogas es inocuo, que no daña, que hay derecho a hacer lo que uno quiere.
     Los países que aumentan su tolerancia al abuso de drogas, sufren problemas de descontrol social.
Una sociedad que necesita crecer, necesita más salud.
Cada adicto resta fuerzas al progreso social.
La ley es mejor de lo que nos hacen creer, no hacer falta cambiarla.
Que los que quieren cambios se ocupen de tener fronteras más seguras, controles más firmes.
Escuchen lo que dicen los que atienden adictos casi sin recursos y verán que los programas están saturados de demanda.
Las comisiones del Congreso de Diputados y Senadores tienen en mayoría opinión contraria a estos cambios.

Wilbur Grimson
Ex titular Sedronar
[email protected]
Especial para Tribuna de periodistas